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Análisis y reflexiones en torno al Real Decreto 56/2016 de auditorías energéticas

Reflexiones R.D. 56/2016 (y X): No permitamos que ocurra con las auditorías energéticas lo mismo que con los certificados de edificios, por favor

03 Mar 2016/0 Comments/en /por

Nuestra última reflexión se refiere a lo que ha pasado con el mercado de los certificados de eficiencia energética de edificios, una vez entrado en vigor el Real Decreto 235/2013.

Se ha producido una verdadera guerra de precios que ha degenerado en una pauperización total de la actividad, de los profesionales, de la calidad del servicio y del propio valor del certificado, siendo éste percibido por los ciudadanos como una tasa más, sin ninguna utilidad o valor, mucho menos como una oportunidad de ahorro, de mejora del confort e incluso del valor económico de su bien inmueble.

No se trata de buscar culpables, sino de evitar que caigamos en el mismo error minando las oportunidades ya desde el inicio.

No permitamos que las auditorías energéticas se conviertan en un papel inútil para pasar el trámite. Como dice el propio Real Decreto en el artículo 3.3.d), las auditorías deben ser proporcionadas y suficientemente representativas para que se pueda trazar una imagen fiable del rendimiento energético global, y se puedan determinar de manera fiable las oportunidades de mejora más significativa.

Desde aquí instamos a los organismos competentes de las comunidades autónomas a que ejerzan de manera firme su función inspectora para velar por el cumplimiento y la calidad de las auditorías. Y a las empresas del sector a trabajar con todo nuestro rigor, profesionalidad y honestidad.

Pongamos nuestro granito de arena para alcanzar los objetivos 20-20-20. Contribuyamos a un futuro sostenible, un futuro mejor.

Análisis y reflexiones en torno al Real Decreto 56/2016 de auditorías energéticas

Reflexiones R.D. 56/2016 (IX): Algunas oportunidades de negocio

02 Mar 2016/0 Comments/en /por

El Real Decreto 56/2016 contribuye al cumplimiento de los objetivos 20-20-20 de la Unión Europea, con todo el beneficio que eso conlleva en términos de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático.

Pero además, algunas de las obligaciones que se derivan del Real Decreto 56/2016 pueden constituir oportunidades de negocio para algunos sectores.

La primera y más evidente es para los auditores energéticos. Obligar a las grandes empresas a realizar auditorías energéticas cada cuatro años va a generar actividad empresarial en el sector de la eficiencia energética o consultoría energética y de sistemas de gestión. Se calcula que en España hay unas 3.800 grandes empresas que emplean a más de 4,5 millones de personas y tienen cerca de 27.000 establecimientos. Además, regular su cualificación y el contenido de las auditorías contribuye a una mínima calidad del servicio, a garantizar la competencia técnica de los auditores, y en definitiva a mejorar la confianza y la credibilidad del mercado y de la sociedad.

Igualmente, el sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos recogido en el capítulo III resulta fundamental para el correcto funcionamiento de un mercado transparente y orientado a la calidad. Igual que en el caso de los auditores (o en el de los verificadores mencionados en otro post), la acreditación de los proveedores genera confianza y credibilidad sobre su actuación, contribuyendo al desarrollo del mercado de servicios energéticos. A ello también contribuirá la prohibición de que las auditorías energéticas contengan cláusulas que impidan (con algún condicionante) transmitir las conclusiones a los proveedores de servicios energéticos acreditados, tal como establece el artículo 3.8. Además, el listado de proveedores de servicios energéticos que gestiona el IDAE y al que se refiere el artículo 10, constituye una buena plataforma de visibilidad para el mercado.

La puesta en marcha de las medidas de mejora que las empresas decidan acometer a raíz de las auditorías energéticas tendrá un “efecto arrastre” y generará otra fuente de trabajo y negocio, tanto para proveedores que opten por los contratos de rendimientos energéticos como para instaladores, constructores o empresas de reformas, fabricantes de soluciones y proyectistas.

El artículo 3.5. obliga a que los datos empleados en las auditorías energéticas puedan almacenarse para fines de análisis histórico y trazabilidad del comportamiento energético. Ya existen en el mercado multitud de opciones de software de gestión y tratamiento de datos, normalmente comunicados con los equipos de medición y contadores. Pero esta obligación puede ser un buen espaldarazo al sector de las TIC y a los proveedores de sistemas de monitorización.

El artículo 5 recoge la función de inspección de la administración competente, que deberá realizar cuantas inspecciones considere necesarias con el fin de vigilar el cumplimiento de la obligación de realización de auditorías energéticas, así como garantizar y comprobar su calidad. Aunque la función inspectora corresponde a personal funcionario del órgano autonómico competente, las actuaciones materiales o auxiliares podrán ser realizadas por entidades o técnicos independientes cualificados para llevarlos a cabo. Podrían ser ingenieros, otros técnicos u organismos de control de la calidad en la edificación (ECCE –antiguas OCT-). Sin duda es una oportunidad de trabajo para estos agentes, similar al que ya se ha generado en algunas comunidades autónomas para el control de los certificados de eficiencia energética que establece el artículo 9 del Real Decreto 235/2013.

El artículo 13.5 recoge la obligación para el promotor de determinadas instalaciones industriales y redes urbanas de calefacción/refrigeración de alta eficiencia, de realizar un análisis de coste y beneficio de acuerdo al anexo IV, parte 2. Empresas especializadas en este tipo de estudios podrán ofrecer sus servicios a las empresas promotoras de dichas infraestructuras, y habrán de contar con la guía metodológica del IDAE prevista en el propio Real Decreto. La aplicación de todo el capítulo IV, “Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío”, que regula la evaluación del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración que se debe realizar, facilitará información a los inversores en cuanto a los planes nacionales de desarrollo y contribuirá a un entorno estable y propicio para las inversiones de empresas promotoras de este tipo de instalaciones.

Análisis y reflexiones en torno al Real Decreto 56/2016 de auditorías energéticas

Reflexiones R.D. 56/2016 (VIII): El transporte, a tener en cuenta

01 Mar 2016/0 Comments/en /por

El artículo 3.3.b) del Real Decreto 56/2016 obliga a incluir en la auditoría energética el transporte dentro de las instalaciones y la flota de vehículos.

Es un apartado que se olvida muchas veces, y sin embargo ofrece importantes oportunidades de mejora, sobre todo a la hora de planificar su renovación con criterios de eficiencia energética a medida que los medios llegan al final de su vida útil, o a la hora de aumentar la flota mediante nuevas adquisiciones.

Además, los vehículos eléctricos, híbridos, etc. proyectan una buena imagen de la empresa y sin duda pone en valor su responsabilidad social.

Las empresas de transporte llevan años invirtiendo en mejoras energéticas de sus flotas, no sólo a través de la compra de vehículos más eficientes, sino también a través de la óptima gestión de rutas, conducción eficiente, etc. Está claro que en este caso la optimización energética tiene un impacto muy alto en la competitividad de la empresa.

Las grandes empresas constructoras también cuentan con un extenso parque de maquinaria y vehículos que puede presentar considerables oportunidades de mejora.

Análisis y reflexiones en torno al Real Decreto 56/2016

Reflexiones R.D. 56/2016 (VII): Los contadores individuales de consumo y repartidores de costes, directamente olvidados

26 Feb 2016/0 Comments/en /por

Increíblemente, la obligación de contabilizar los consumos energéticos de manera individual en los sistemas centralizados de calefacción, refrigeración y A.C.S., bien mediante la instalación de contadores individuales, bien mediante repartidores de costes, ha sido eliminada del texto finalmente aprobado, cuando el borrador sí la contemplaba.

La obligación entra en vigor el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo al artículo 9 de la Directiva 2012/27/UE.

Sin duda constituye otra oportunidad perdida, una más, para avanzar en los objetivos 20-20-20 de la Unión Europea, como bien explica Antonio Ocaña, director de REMICA, en este artículo.

Edificios de consumo casi nulo

Reflexiones R.D. 56/2016 (VI): Los edificios de consumo casi nulo, de puntillas

26 Feb 2016/0 Comments/en /por

En la disposición adicional cuarta del Real Decreto 56/2016 se establece la definición de los edificios de consumo de energía casi nulo (conocidos como NZEB –nearly zero energy buildings-): “Se define como edificio de consumo de energía casi nulo, en el ámbito de la Directiva 2010/31/UE (…) relativa a la eficiencia energética de los edificios, aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad con el anexo I de la citada Directiva. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida «in situ» o en el entorno”. Coincide plenamente con la definición recogida en el artículo 2 de la citada Directiva.

En el anexo I de la misma sólo se especifica el marco general común del cálculo de la eficiencia energética de los edificios, pero en ningún caso se define cuánto es “muy alto”, a cuánto asciende “una cantidad casi nula o muy baja” o qué porcentaje constituye una “muy amplia medida”.

No hay en el Real Decreto más desarrollo ni previsión de desarrollo legislativo a través de otra norma.

Es cierto que el Real Decreto 56/2016 es una transposición parcial de la Directiva 2012/27/UE, no de la 2010/31/UE, pero este “pasar de puntillas” nos parece que constituye una oportunidad perdida para avanzar en el cumplimiento de la obligación relativa a los edificios de consumo casi nulo recogida en la segunda, consistente en que a más tardar el 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos sean de este tipo; del 31 de diciembre de 2018 en el caso de los edificios nuevos que estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas (artículo 9 de la Directiva 2010/31/UE). Increíblemente, en España está prevista una tercera revisión del Código Técnico de la Edificación en 2018 que incluirá el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo, pero la aprobación de una definición definitiva está prevista para 2019, de acuerdo al informe de 2013 de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre avances efectuados en la implantación de edificios de consumo de energía casi nulo, y así se confirma en el informe encargado por la Comisión Europea en octubre de 2014.

Nos consta que ya hay administraciones públicas cuyos procesos de decisión de inversión y diseño de edificios es especialmente largo (sanidad, educación), que se preguntan cómo van a cumplir con la Directiva en los proyectos que empiezan a planificar ahora, si no saben cuáles son los parámetros definitorios de los edificios de consumo casi nulo. Algunas administraciones están optando por el estándar Passivhaus, pero sería deseable una pronunciación oficial del legislador lo antes posible.

Para las mediciones obligatorias en el estándar Passivhaus (y previsiblemente para los NZEB) durante la ejecución de la obra y al término de ésta, NZ NOVA cuenta con el test de infiltraciones Blower Door, cámara termográfica y termoflujómetro, y con unos técnicos altamente cualificados y experimentados.

Análisis y reflexión en torno al Real Decreto 56/2016 de auditorías energéticas y otros

Reflexiones R.D. 56/2016 (V): El registro administrativo de auditorías energéticas: una oportunidad para implantar un sistema de indicadores sectoriales

24 Feb 2016/0 Comments/en /por

El artículo 6 del Real Decreto 56/2016 recoge la creación del registro administrativo de auditorías energéticas, dependiente del MINETUR, y lo regula. El artículo 3.7. obliga a las empresas -y grupos de sociedades- a actualizar la información contenida en las auditorías energéticas inscritas en el susodicho registro.

Que el MINETUR disponga de todos los datos de las auditorías, homogeneizados de acuerdo al modelo de comunicación recogido en el anexo I del Real Decreto, representa una excelente oportunidad de crear un sistema público de indicadores energéticos con el que cualquier empresa podría hacer benchmarking sectorial, de manera que podría identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones al comparase con el sector. La empresa que quisiera hacer benchmarking no tendría por qué haber registrado ninguna auditoría, ni siquiera haberla realizado. Podría limitarse a hacer una revisión energética que le permitiera calcular una serie de indicadores y compararse con el sector para ver en qué punto está.

Estos sistemas de indicadores existen en multitud de países desde hace tiempo, y de hecho han dado lugar a guías de buenas prácticas sectoriales basándose en la experiencia de las mejores empresas.

Es más, dado que el registro admite auditorías realizadas por empresas de manera voluntaria, convendría incentivarlas, al objeto de alimentar el sistema de indicadores energéticos y enriquecerlo con la participación de pymes, no obligadas por el Real Decreto 56/2016. Sin duda esto mejoraría el nivel de fiabilidad de la base de datos y de la acción de benchmarking.

Uno de los pocos intentos de crear un sistema de indicadores energéticos que conocemos en España fue la herramienta y guía de eficiencia energética en dependencias municipales de la Federación Española de Municipios y Provincias, relativa exclusivamente a edificios. Lamentablemente la herramienta no se encuentra disponible en la actualidad, sólo puede consultarse la guía aquí.

En el ámbito autonómico, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Ente Regional de la Energía (EREN), ha elaborado un sistema de indicadores energéticos de centros docentes, que a día de hoy ya recoge los datos eléctricos y se está completando con los térmicos.

Desde NZ NOVA animamos al MINETUR a crear el sistema de indicadores y a incentivar la participación de las pymes en el registro administrativo de auditorías energéticas, y a la FEMP a relanzar la herramienta de eficiencia energética en dependencias municipales.

En relación a la comunicación al registro administrativo de auditorías energéticas, observamos en el modelo del anexo I que deben incluirse, entre otros, los siguientes datos:

  • Inversión estimada para acometer las mejoras señaladas en la auditoría.
  • Periodo de retorno de la inversión.

Normalmente, una auditoría energética propone diferentes opciones y combinaciones de medidas de mejora de la eficiencia energética, cada una de las cuales tendrá una previsión de inversión, ahorro económico, amortización, ahorro energético y de emisiones de CO2. La empresa puede decidirse a acometer sólo una parte de las propuestas de la auditoría, en función de sus propios criterios y prioridades (menor período de amortización, inversiones menores de una determinada cantidad, mayor reducción de gases de efecto invernadero…). ¿Qué dato habrá de comunicar la empresa al registro? ¿El máximo contemplado en el informe de auditoría? ¿La suma de todas las opciones, aunque haya medidas repetidas en varias combinaciones? ¿El plan finalmente aprobado por la empresa? Recordemos que ésta tiene tres meses desde la realización de la auditoría para comunicársela al registro.

Análisis y reflexiones en torno al Real Decreto 56/2016

Reflexiones R.D. 56/2016 (IV): Análisis de coste de ciclo de vida frente a cálculo de períodos simples de amortización

23 Feb 2016/0 Comments/en /por

El artículo 3.3.c) del Real Decreto 56/2016 establece que las auditorías “se fundamentarán, siempre que sea posible en criterios de rentabilidad en el análisis del coste del ciclo de vida, antes que en periodos simples de amortización, a fin de tener en cuenta el ahorro a largo plazo, los valores residuales de las inversiones a largo plazo y las tasas de descuento.”

Al margen de un posible pequeño error de redacción (¿en criterios de rentabilidad en el análisis del coste…?), lo interesante es el cambio de enfoque que deberemos adoptar los auditores energéticos. Queda la duda de si el cliente apreciará ventajas a esta perspectiva, o le complicará la comprensión de informes que ya tienden a ser farragosos.

Al hilo de esta reflexión, recordamos una de las conclusiones más interesantes del webinar organizado por Seinon el 28 de enero con el título “Tendencias de eficiencia energética para el 2016”: la necesidad de contribuir a la sensibilización del cliente final mediante un mensaje conciso y profesional, libre de lo superfluo, por parte de las empresas del sector de la eficiencia energética.

¿Qué herramienta de toma de decisión es más eficiente y útil para una empresa: el análisis de coste de ciclo de vida o el cálculo de período simple de amortización?

Diferentes definiciones de servicios energéticos y otros

Reflexiones R.D. 56/2016 (III): La diversidad de definiciones del servicio energético

22 Feb 2016/0 Comments/en /por

Diferentes textos legislativos recogen diferentes definiciones de servicio energético, parecidas entre ellas pero con diferente grado de claridad y de detalle.

El mencionado artículo 1.2.m) del Real Decreto 56/2016 define el servicio energético como “el beneficio físico, la utilidad o el bien, derivados de la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que pueda incluir las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual se prestará con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales, haya demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificable y medible o estimable.”

Asimismo, el artículo 1.2.l)  define al proveedor de servicios energéticos como “toda persona física o jurídica que presta servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la instalación o los locales de un cliente final, de acuerdo con la normativa vigente.”

Y el artículo 1.2.f) define el contrato de rendimiento energético como “todo acuerdo contractual entre el beneficiario y el proveedor de una medida de mejora de la eficiencia energética, verificada y supervisada durante la vigencia del contrato, en el que las inversiones (obras, suministros o servicios) en dicha medida se abonan como resultado de un nivel de mejora de la eficiencia energética acordado contractualmente o de otro criterio de rendimiento energético acordado, como, por ejemplo, el ahorro financiero o la garantía de ahorros contractuales.”

Por otro lado, el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, define en su artículo 19 las empresas de servicios energéticos y las regula así:

  1. “Se entiende por empresa de servicios energéticos a los efectos de este real decreto-ley aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios energéticos, en la forma definida en el párrafo siguiente, en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos.
  2. El servicio energético prestado por la empresa de servicios energéticos consistirá en un conjunto de prestaciones incluyendo la realización de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos. Esta actuación podrá comprender además de la construcción, instalación o transformación de obras, equipos y sistemas, su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión derivados de la incorporación de tecnologías eficientes. El servicio energético así definido deberá prestarse basándose en un contrato que deberá llevar asociado un ahorro de energía verificable, medible o estimable.”

En NZ NOVA nos gusta más la definición del Real Decreto-ley 6/2010, por parecernos más clara y con más rasgos definitorios de la naturaleza particular del servicio energético: riesgo económico, optimización de calidad, la gestión como fuente de ahorros, pago del servicio inapelablemente ligado a ahorros…

En relación a este último aspecto, en nuestra opinión la definición de proveedor de servicios energéticos del Real Decreto 56/2016 deja un cabo suelto, al no ligar necesariamente y en todo caso el abono de los servicios a los ahorros obtenidos. Veamos el matiz: el artículo 1.2.l) define al proveedor de servicios energéticos como quien “presta servicios energéticos” (ahí sí existe la obligación de remuneración ligada a ahorros, de acuerdo a la definición de servicio energético del artículo 1.2.m) “o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la instalación o los locales de un cliente final, de acuerdo con la normativa vigente”. Y en esa segunda alternativa es donde no hay obligación; el proveedor puede aplicar las medidas de mejora y liquidarlas inmediatamente después, sin que el abono del servicio esté ligado a la efectiva consecución de las mejoras. Cabe preguntarse si un instalador que sustituya una caldera antigua por una de condensación (mucho más eficiente energéticamente), por ejemplo, es un proveedor de servicios energéticos. En nuestra opinión es un instalador que cumple la normativa vigente y como tal estará dado de alta en el registro correspondiente, pero si no condiciona el pago de sus servicios a la obtención de ahorros no debería ser considerado proveedor de servicios energéticos.

Análisis y reflexiones en torno al Real Decreto 56/2016 de auditorías energéticas y otros

Reflexiones R.D. 56/2016 (II): La medida de parámetros y la verificación de ahorros, intrínsecos a los servicios energéticos

19 Feb 2016/0 Comments/en /por

Si leemos atentamente el Real Decreto, los atributos de “verificable” y “medible” van casi siempre unidos a los ahorros energéticos y a los datos de energía en general.

El artículo 1.2.f) exige al contrato de rendimiento energético la inclusión de medidas de mejora de la eficiencia energética verificada y supervisada durante toda la vigencia del contrato.

El servicio energético, tal como lo define el artículo 1.2.m), requiere demostrar que se consigue una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificable y medible o estimable.

El artículo 3.3.a) establece que las auditorías energéticas deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables, de consumo de energía y, en el caso de la electricidad, de perfiles de carga siempre que se disponga de ellos (de nuevo una medición, por un sistema u otro).

El plan de medida y verificación de ahorros debería ser una exigencia en todo contrato de servicios energéticos, y su ejecución mantenerse a lo largo de toda la vida del contrato. La actuación de los verificadores contribuye al correcto funcionamiento de un mercado transparente y orientado a la calidad, especialmente en unos contratos ya de por sí enormemente complejos; y aporta confianza y credibilidad al mercado y a la sociedad en general. Al hilo de esto, desde NZ NOVA defendemos que todo contrato de rendimiento energético debería llevar asociado un servicio de supervisión y control, a modo de “dirección facultativa”, para velar por su buen funcionamiento y cumplimiento de términos.

Aunque el Real Decreto no diferencia empresas privadas de públicas, si ponemos la mirada en las administraciones públicas en general, su práctica resulta paradigmática porque llevan años licitando contratos de servicios energéticos y podemos aprender de su experiencia (a propósito, ver aquí el interesantísimo estudio que ha hecho EnerAgen sobre el estado de las licitaciones de servicios energéticos en el sector público). Sorprendentemente la “dirección facultativa” y la verificación están ausentes en la mayoría de los pliegos. Incluso hemos constatado en algún caso que si bien ésta última se exigía en pliegos, finalmente no se elabora el plan ni se contrata su ejecución por un verificador independiente.

Para lograr esa confianza y credibilidad es preciso establecer un mecanismo que garantice la competencia técnica de dichos evaluadores y su sujeción a normas de carácter internacional.

En NZ NOVA contamos con un verificador certificado como “Profesional de Medida y Verificación” de ahorros energéticos por la Efficiency Valuation Organization (EVO), de acuerdo al Protocolo Internacional de Medida y Verificación (IPMVP), que es el más utilizado actualmente en los contratos de servicios energéticos en los que sí se está exigiendo verificación de ahorros.

Entra en vigor el Real Decreto relativo a auditorías energéticas

Análisis y reflexiones en torno al R.D. 56/2016 de auditorías energéticas

18 Feb 2016/0 Comments/en /por

No nos vamos a parar a analizar en profundidad las obligaciones que se derivan del Real Decreto que transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, y que ha entrado en vigor el pasado 14 de febrero, día mundial de la energía.

Un análisis pormenorizado puede leerse en el blog de Ovacen (ver aquí) o en el de Creara (ver aquí), entre otros.

En resumen, las auditorías energéticas serán obligatorias cada cuatro años para grandes empresas –y grupos de empresas- (más de 250 empleados, o facturación anual de más de 50 millones de euros y balance de más de 43 millones de euros), y abarcarán las instalaciones de la empresa –o grupo- que consuman al menos el 85% del total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional, cualquiera que sea su régimen de tenencia (alquiler, propiedad). El auditor deberá ser un técnico habilitado para ello, externo o interno (en este último caso, deberá ser independiente del objeto de la auditoría). Los resultados deberán remitirse al organismo competente de la comunidad autónoma, quien además tiene la competencia inspectora para velar por el cumplimiento y la calidad de las auditorías. El alcance de éstas está determinado –no detallado- en el artículo 3, aunque podrán sustituirse por un sistema de gestión energética (ISO 50001) o de gestión ambiental (ISO 14001) siempre que incluya una auditoría que cumpla con los requisitos del mencionado artículo. Las auditorías acordes a norma cumplen los requisitos (familia UNE EN 16247). Se establecen los requisitos de acreditación de los proveedores de servicios energéticos, que se incorporarán a una base de datos del IDAE. Se promociona la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío. Finalmente, se modifica en el RITE la tabla de operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.

Comenzamos hoy una serie de posts sobre aspectos concretos que nos han llamado la atención y sobre los que queremos hacer algunos apuntes y reflexiones. Es una mirada a los detalles lo que queremos proponer aquí, artículo a artículo, palabra a palabra.

Análisis y reflexiones en torno al Real Decreto 56/2016 (I): El alcance de la obligatoriedad depende del tamaño de la empresa, no de su consumo

Tal como establece la Directiva 2012/27/UE, el Real Decreto obliga a realizar auditorías energéticas cada cuatro años a las grandes empresas, que ostentan tal condición por el número de trabajadores (más de 250) o por la cifra de negocios y balance general (más de 50 millones la primera y más de 43 millones el segundo).

No hay ninguna alusión al consumo total de energía de la empresa. Es indudable que las instalaciones de una gran empresa van a consumir importantes cantidades de energía. Sin embargo se dejan fuera empresas que, siendo pymes, consumen más energía que algunas grandes empresas, por dedicarse a actividades muy intensivas en este recurso (por ejemplo, empresas de tratamientos térmicos), y sería positivo incluirlas en la obligación de hacer auditorías y planes de mejora de su eficiencia energética. No sabemos cuántas pueden estar en esta situación, sería muy interesante conocer una estimación.

Por ver algunas cifras, según datos de 2013[1], el 60,9% de las grandes empresas del país (más de 250 empleados) pertenecen al sector servicios. El resto de grandes empresas se reparten así: industria 21,2%; construcción 3,8%; comercio 14,1%. En el sector industrial, que a priori hará un uso más intensivo de la energía, hay unas 800 grandes empresas, frente a casi 199.000 pymes que quedan fuera de la obligación de realizar auditorías energéticas cada cuatro años:

2013 Industria Construcción Comercio Resto de Servicios Total
Nº PYMES (0-249) 198.685 408.035 756.048 1.747.880 3.110.648
Nº Grandes (250 y más) 798 408 757 1.750 3.713
Nº total empresas 199.483 408.443 756.805 1.749.630 3.114.361

Fuente: elaboración propia a partir del “Retrato de las PYME 2015” del MINETUR.

Sí hay, en todo caso, obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto para seis sectores industriales que se consideran los principales emisores de gases de efecto invernadero, causante del cambio climático, y que tienen su origen en el consumo de energía: cementero, siderúrgico, papelero, de refino, cerámico y del vidrio. En este caso, la inclusión de las empresas en las obligaciones derivadas del Protocolo no depende de su tamaño, sino de su sector de actividad.

Próxima entrega: La medida de parámetros y la verificación de ahorros, intrínsecos a los servicios energéticos.

[1] “Retrato de las PYME 2015”. Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

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