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Análisis y reflexiones en torno al Real Decreto 56/2016 de auditorías energéticas

Reflexiones R.D. 56/2016 (y X): No permitamos que ocurra con las auditorías energéticas lo mismo que con los certificados de edificios, por favor

03 Mar 2016/0 Comments/en /por

Nuestra última reflexión se refiere a lo que ha pasado con el mercado de los certificados de eficiencia energética de edificios, una vez entrado en vigor el Real Decreto 235/2013.

Se ha producido una verdadera guerra de precios que ha degenerado en una pauperización total de la actividad, de los profesionales, de la calidad del servicio y del propio valor del certificado, siendo éste percibido por los ciudadanos como una tasa más, sin ninguna utilidad o valor, mucho menos como una oportunidad de ahorro, de mejora del confort e incluso del valor económico de su bien inmueble.

No se trata de buscar culpables, sino de evitar que caigamos en el mismo error minando las oportunidades ya desde el inicio.

No permitamos que las auditorías energéticas se conviertan en un papel inútil para pasar el trámite. Como dice el propio Real Decreto en el artículo 3.3.d), las auditorías deben ser proporcionadas y suficientemente representativas para que se pueda trazar una imagen fiable del rendimiento energético global, y se puedan determinar de manera fiable las oportunidades de mejora más significativa.

Desde aquí instamos a los organismos competentes de las comunidades autónomas a que ejerzan de manera firme su función inspectora para velar por el cumplimiento y la calidad de las auditorías. Y a las empresas del sector a trabajar con todo nuestro rigor, profesionalidad y honestidad.

Pongamos nuestro granito de arena para alcanzar los objetivos 20-20-20. Contribuyamos a un futuro sostenible, un futuro mejor.

Análisis y reflexiones en torno al Real Decreto 56/2016 de auditorías energéticas

Reflexiones R.D. 56/2016 (IX): Algunas oportunidades de negocio

02 Mar 2016/0 Comments/en /por

El Real Decreto 56/2016 contribuye al cumplimiento de los objetivos 20-20-20 de la Unión Europea, con todo el beneficio que eso conlleva en términos de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático.

Pero además, algunas de las obligaciones que se derivan del Real Decreto 56/2016 pueden constituir oportunidades de negocio para algunos sectores.

La primera y más evidente es para los auditores energéticos. Obligar a las grandes empresas a realizar auditorías energéticas cada cuatro años va a generar actividad empresarial en el sector de la eficiencia energética o consultoría energética y de sistemas de gestión. Se calcula que en España hay unas 3.800 grandes empresas que emplean a más de 4,5 millones de personas y tienen cerca de 27.000 establecimientos. Además, regular su cualificación y el contenido de las auditorías contribuye a una mínima calidad del servicio, a garantizar la competencia técnica de los auditores, y en definitiva a mejorar la confianza y la credibilidad del mercado y de la sociedad.

Igualmente, el sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos recogido en el capítulo III resulta fundamental para el correcto funcionamiento de un mercado transparente y orientado a la calidad. Igual que en el caso de los auditores (o en el de los verificadores mencionados en otro post), la acreditación de los proveedores genera confianza y credibilidad sobre su actuación, contribuyendo al desarrollo del mercado de servicios energéticos. A ello también contribuirá la prohibición de que las auditorías energéticas contengan cláusulas que impidan (con algún condicionante) transmitir las conclusiones a los proveedores de servicios energéticos acreditados, tal como establece el artículo 3.8. Además, el listado de proveedores de servicios energéticos que gestiona el IDAE y al que se refiere el artículo 10, constituye una buena plataforma de visibilidad para el mercado.

La puesta en marcha de las medidas de mejora que las empresas decidan acometer a raíz de las auditorías energéticas tendrá un “efecto arrastre” y generará otra fuente de trabajo y negocio, tanto para proveedores que opten por los contratos de rendimientos energéticos como para instaladores, constructores o empresas de reformas, fabricantes de soluciones y proyectistas.

El artículo 3.5. obliga a que los datos empleados en las auditorías energéticas puedan almacenarse para fines de análisis histórico y trazabilidad del comportamiento energético. Ya existen en el mercado multitud de opciones de software de gestión y tratamiento de datos, normalmente comunicados con los equipos de medición y contadores. Pero esta obligación puede ser un buen espaldarazo al sector de las TIC y a los proveedores de sistemas de monitorización.

El artículo 5 recoge la función de inspección de la administración competente, que deberá realizar cuantas inspecciones considere necesarias con el fin de vigilar el cumplimiento de la obligación de realización de auditorías energéticas, así como garantizar y comprobar su calidad. Aunque la función inspectora corresponde a personal funcionario del órgano autonómico competente, las actuaciones materiales o auxiliares podrán ser realizadas por entidades o técnicos independientes cualificados para llevarlos a cabo. Podrían ser ingenieros, otros técnicos u organismos de control de la calidad en la edificación (ECCE –antiguas OCT-). Sin duda es una oportunidad de trabajo para estos agentes, similar al que ya se ha generado en algunas comunidades autónomas para el control de los certificados de eficiencia energética que establece el artículo 9 del Real Decreto 235/2013.

El artículo 13.5 recoge la obligación para el promotor de determinadas instalaciones industriales y redes urbanas de calefacción/refrigeración de alta eficiencia, de realizar un análisis de coste y beneficio de acuerdo al anexo IV, parte 2. Empresas especializadas en este tipo de estudios podrán ofrecer sus servicios a las empresas promotoras de dichas infraestructuras, y habrán de contar con la guía metodológica del IDAE prevista en el propio Real Decreto. La aplicación de todo el capítulo IV, “Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío”, que regula la evaluación del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración que se debe realizar, facilitará información a los inversores en cuanto a los planes nacionales de desarrollo y contribuirá a un entorno estable y propicio para las inversiones de empresas promotoras de este tipo de instalaciones.

Análisis y reflexión en torno al Real Decreto 56/2016 de auditorías energéticas y otros

Reflexiones R.D. 56/2016 (V): El registro administrativo de auditorías energéticas: una oportunidad para implantar un sistema de indicadores sectoriales

24 Feb 2016/0 Comments/en /por

El artículo 6 del Real Decreto 56/2016 recoge la creación del registro administrativo de auditorías energéticas, dependiente del MINETUR, y lo regula. El artículo 3.7. obliga a las empresas -y grupos de sociedades- a actualizar la información contenida en las auditorías energéticas inscritas en el susodicho registro.

Que el MINETUR disponga de todos los datos de las auditorías, homogeneizados de acuerdo al modelo de comunicación recogido en el anexo I del Real Decreto, representa una excelente oportunidad de crear un sistema público de indicadores energéticos con el que cualquier empresa podría hacer benchmarking sectorial, de manera que podría identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones al comparase con el sector. La empresa que quisiera hacer benchmarking no tendría por qué haber registrado ninguna auditoría, ni siquiera haberla realizado. Podría limitarse a hacer una revisión energética que le permitiera calcular una serie de indicadores y compararse con el sector para ver en qué punto está.

Estos sistemas de indicadores existen en multitud de países desde hace tiempo, y de hecho han dado lugar a guías de buenas prácticas sectoriales basándose en la experiencia de las mejores empresas.

Es más, dado que el registro admite auditorías realizadas por empresas de manera voluntaria, convendría incentivarlas, al objeto de alimentar el sistema de indicadores energéticos y enriquecerlo con la participación de pymes, no obligadas por el Real Decreto 56/2016. Sin duda esto mejoraría el nivel de fiabilidad de la base de datos y de la acción de benchmarking.

Uno de los pocos intentos de crear un sistema de indicadores energéticos que conocemos en España fue la herramienta y guía de eficiencia energética en dependencias municipales de la Federación Española de Municipios y Provincias, relativa exclusivamente a edificios. Lamentablemente la herramienta no se encuentra disponible en la actualidad, sólo puede consultarse la guía aquí.

En el ámbito autonómico, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Ente Regional de la Energía (EREN), ha elaborado un sistema de indicadores energéticos de centros docentes, que a día de hoy ya recoge los datos eléctricos y se está completando con los térmicos.

Desde NZ NOVA animamos al MINETUR a crear el sistema de indicadores y a incentivar la participación de las pymes en el registro administrativo de auditorías energéticas, y a la FEMP a relanzar la herramienta de eficiencia energética en dependencias municipales.

En relación a la comunicación al registro administrativo de auditorías energéticas, observamos en el modelo del anexo I que deben incluirse, entre otros, los siguientes datos:

  • Inversión estimada para acometer las mejoras señaladas en la auditoría.
  • Periodo de retorno de la inversión.

Normalmente, una auditoría energética propone diferentes opciones y combinaciones de medidas de mejora de la eficiencia energética, cada una de las cuales tendrá una previsión de inversión, ahorro económico, amortización, ahorro energético y de emisiones de CO2. La empresa puede decidirse a acometer sólo una parte de las propuestas de la auditoría, en función de sus propios criterios y prioridades (menor período de amortización, inversiones menores de una determinada cantidad, mayor reducción de gases de efecto invernadero…). ¿Qué dato habrá de comunicar la empresa al registro? ¿El máximo contemplado en el informe de auditoría? ¿La suma de todas las opciones, aunque haya medidas repetidas en varias combinaciones? ¿El plan finalmente aprobado por la empresa? Recordemos que ésta tiene tres meses desde la realización de la auditoría para comunicársela al registro.

Entra en vigor el Real Decreto relativo a auditorías energéticas

Análisis y reflexiones en torno al R.D. 56/2016 de auditorías energéticas

18 Feb 2016/0 Comments/en /por

No nos vamos a parar a analizar en profundidad las obligaciones que se derivan del Real Decreto que transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, y que ha entrado en vigor el pasado 14 de febrero, día mundial de la energía.

Un análisis pormenorizado puede leerse en el blog de Ovacen (ver aquí) o en el de Creara (ver aquí), entre otros.

En resumen, las auditorías energéticas serán obligatorias cada cuatro años para grandes empresas –y grupos de empresas- (más de 250 empleados, o facturación anual de más de 50 millones de euros y balance de más de 43 millones de euros), y abarcarán las instalaciones de la empresa –o grupo- que consuman al menos el 85% del total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional, cualquiera que sea su régimen de tenencia (alquiler, propiedad). El auditor deberá ser un técnico habilitado para ello, externo o interno (en este último caso, deberá ser independiente del objeto de la auditoría). Los resultados deberán remitirse al organismo competente de la comunidad autónoma, quien además tiene la competencia inspectora para velar por el cumplimiento y la calidad de las auditorías. El alcance de éstas está determinado –no detallado- en el artículo 3, aunque podrán sustituirse por un sistema de gestión energética (ISO 50001) o de gestión ambiental (ISO 14001) siempre que incluya una auditoría que cumpla con los requisitos del mencionado artículo. Las auditorías acordes a norma cumplen los requisitos (familia UNE EN 16247). Se establecen los requisitos de acreditación de los proveedores de servicios energéticos, que se incorporarán a una base de datos del IDAE. Se promociona la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío. Finalmente, se modifica en el RITE la tabla de operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.

Comenzamos hoy una serie de posts sobre aspectos concretos que nos han llamado la atención y sobre los que queremos hacer algunos apuntes y reflexiones. Es una mirada a los detalles lo que queremos proponer aquí, artículo a artículo, palabra a palabra.

Análisis y reflexiones en torno al Real Decreto 56/2016 (I): El alcance de la obligatoriedad depende del tamaño de la empresa, no de su consumo

Tal como establece la Directiva 2012/27/UE, el Real Decreto obliga a realizar auditorías energéticas cada cuatro años a las grandes empresas, que ostentan tal condición por el número de trabajadores (más de 250) o por la cifra de negocios y balance general (más de 50 millones la primera y más de 43 millones el segundo).

No hay ninguna alusión al consumo total de energía de la empresa. Es indudable que las instalaciones de una gran empresa van a consumir importantes cantidades de energía. Sin embargo se dejan fuera empresas que, siendo pymes, consumen más energía que algunas grandes empresas, por dedicarse a actividades muy intensivas en este recurso (por ejemplo, empresas de tratamientos térmicos), y sería positivo incluirlas en la obligación de hacer auditorías y planes de mejora de su eficiencia energética. No sabemos cuántas pueden estar en esta situación, sería muy interesante conocer una estimación.

Por ver algunas cifras, según datos de 2013[1], el 60,9% de las grandes empresas del país (más de 250 empleados) pertenecen al sector servicios. El resto de grandes empresas se reparten así: industria 21,2%; construcción 3,8%; comercio 14,1%. En el sector industrial, que a priori hará un uso más intensivo de la energía, hay unas 800 grandes empresas, frente a casi 199.000 pymes que quedan fuera de la obligación de realizar auditorías energéticas cada cuatro años:

2013 Industria Construcción Comercio Resto de Servicios Total
Nº PYMES (0-249) 198.685 408.035 756.048 1.747.880 3.110.648
Nº Grandes (250 y más) 798 408 757 1.750 3.713
Nº total empresas 199.483 408.443 756.805 1.749.630 3.114.361

Fuente: elaboración propia a partir del “Retrato de las PYME 2015” del MINETUR.

Sí hay, en todo caso, obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto para seis sectores industriales que se consideran los principales emisores de gases de efecto invernadero, causante del cambio climático, y que tienen su origen en el consumo de energía: cementero, siderúrgico, papelero, de refino, cerámico y del vidrio. En este caso, la inclusión de las empresas en las obligaciones derivadas del Protocolo no depende de su tamaño, sino de su sector de actividad.

Próxima entrega: La medida de parámetros y la verificación de ahorros, intrínsecos a los servicios energéticos.

[1] “Retrato de las PYME 2015”. Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

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